Fecha
10.2026La distancia entre aprobar y aplicar
Harmon y B Lab Spain presentan “La paradoja del último kilómetro regulatorio”, un informe sobre la distancia entre la aprobación de las normas de sostenibilidad y su aplicación real en España
En España, las leyes de sostenibilidad se aprueban. Otra cosa es que lleguen a funcionar.
Desde el Pacto Verde Europeo, la Unión Europea y España han aprobado un volumen de normas sin precedentes. Pero buena parte de ellas necesita algo más para producir efectos: un reglamento, una transposición, unos criterios técnicos. Cuando esa segunda fase no llega, la norma existe en el BOE, pero no termina de bajar a la realidad.
A esa distancia está dedicado “La paradoja del último kilómetro regulatorio”, el informe elaborado por Harmon y B Lab Spain que hemos presentado en el encuentro Beneficio e interés común: una nueva arquitectura para las empresas con propósito.
Cuando la norma se queda a medio camino
El informe analiza normas españolas de sostenibilidad aprobadas entre 2022 y 2026 y llega a una conclusión clara: el retraso no es la excepción. Se repite, adopta formas distintas y puede originarse tanto en Madrid como en Bruselas. La Ley de Consumo Sostenible, la responsabilidad ampliada del productor en la Ley de Residuos o la eficiencia energética de los edificios son algunos de los casos que lo ilustran.
El coste no es solo jurídico. Mientras la norma no es operativa, la empresa que se adelanta asume costes que su competidor aplaza, y el mercado acaba premiando la espera. O, como resume el politólogo Pablo Simón en el informe: “Aprobar una ley es barato políticamente y rinde mucho en términos de comunicación. Desarrollarla es caro, lento y poco visible.”
El caso de las SBIC
El informe pone el foco en las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), la figura que la Ley Crea y Crece reconoció en 2022 para las empresas que, además de generar beneficio económico, se comprometen con un impacto social y ambiental positivo. Casi cuatro años después, el reglamento que debe definir cómo se verifica ese compromiso sigue sin aprobarse.
Otros países han ido más rápido. Perú pasó de la ley al reglamento en poco más de cuatro meses. Italia, con sus Società Benefit, cerró 2025 con más de 5.500 empresas, 241.000 personas empleadas y un crecimiento en facturación muy superior al de empresas comparables. El análisis cuantitativo del informe apunta en la misma dirección: los países con mayor densidad de empresas B Corp tienden a mostrar mejores resultados en calidad regulatoria, efectividad del gobierno, medio ambiente y calidad de vida.
¿Y ahora qué?
El informe llega en un momento singular. Con las Cortes disueltas y elecciones convocadas para el 29 de noviembre, buena parte de las normas pendientes queda en el aire. Por eso, junto a las voces de Patricia Gabeiras, María Molina, Juan Diego Mujica, Pablo Simón y Teresa Parejo, propone algunas reglas para el próximo ciclo: calendarios de implementación vinculantes, un registro público de desarrollos pendientes, leyes que funcionen por sí solas, evaluación independiente y apoyo a quien se adelanta.
Porque no se trata de cuántas leyes de sostenibilidad se aprueben, sino de cuántas lleguen a aplicarse.
El último kilómetro también cuenta.